Es alarmante ver cómo la falta de estilos de vida saludable está llevando a la sociedad panameña a enfrentar, en forma cada vez más común, enfermedades denominadas crónicas. Veamos por ejemplo el caso de la insuficiencia renal, enfermedad que ha venido aumentando en forma galopante en los últimos años, constituyéndose en un mal al que todos los que no cuidamos lo que comemos, abusamos y llevamos estilos de vida desordenados, estamos expuestos.
En el año 2009, la Caja de Seguro Social (CSS) destinó 110 millones de dólares para la compra de medicamentos. En 2005, la cantidad fue de 50 millones de dólares; es decir, que en cuatro años (2005–2009) se dobló la cantidad de dinero, que sale de la porción de la cuota que pagamos al riesgo de enfermedad y maternidad, específicamente 0.50% el empleado y 8.00% nuestros empleadores.
De estos 110 millones, cerca de 55 millones, el 50%, se utilizaron solo para adquirir los medicamentos especiales para las enfermedades denominadas crónicas. En el caso específico de la insuficiencia renal, en 2009 de estos 110 millones, 6 millones fueron para atender esa enfermedad. Con estos 6 millones se atendieron al mes de junio de 2009, 676 pacientes en hemodiálisis y 275 pacientes en diálisis peritoneal, o sea un total de 951 personas, cuando en 2004 eran 577. En otras palabras, en el período 2004-2009, el número de pacientes se incrementó a un ritmo constante de 20% por año, y en el año 2009 la cifra aumentó a cerca de seis pacientes nuevos por mes.
Los datos aportados indican que aproximadamente la mitad del dinero que la CSS destina anualmente para comprar medicamentos, lo invierte en medicinas especiales para atender estas enfermedades crónicas, que afectan a cerca del 25% de la población asegurada. Esto en contraste con la otra mitad que se utiliza para atender enfermedades comunes del otro 75% de la población asegurada.
El artículo 109 y el numeral 5, del artículo 110 de la Constitución Política de la República de Panamá, establecen la responsabilidad del Estado, en este caso a través del Ministerio de Salud, de velar por la salud de la población, incluyendo la provisión de medicamentos.
Es necesario, entonces, que el Estado asuma su rol de proveer los centros y medicamentos necesarios para la atención de estas enfermedades crónicas y que no se siga recargando a la CSS con esta responsabilidad, pues antes de reclamarle a esta última una deficiente atención, debe ponderarse la carga que el Estado le ha traspasado sin el correspondiente resarcimiento económico y de infraestructuras necesarias para brindarlo. Esto debe acompañarse de una agresiva gestión e inversión en prevención, porque esta será la única forma eficaz de retrasar la progresión o evitar las complicaciones típicas de las enfermedades crónicas.