Con todo y que Kurt Gödel refutó la creencia de que las matemáticas podían responder todos los interrogantes, clara y precisamente en algo tan modesto de la realidad como el de las matemáticas, los números no dan para justificar riquezas y propiedades de un sinnúmero de políticos, de sus familiares y amigos.
Gödel demostró, incluso, que la verdad es un valor superior a la verificabilidad (ojo, aunque el método científico es inaplicable en hechos únicos e irrepetibles, verdades metafísicas, lógicas y matemáticas, creencias éticas sobre declaraciones de valor y juicios estéticos, y el conocimiento de la realidad que proporciona es parcial, por ser solo estadístico o aproximativo, es lo mejor que tenemos al estudiar la materia); su tesis provee la probabilidad, a través de la intuición directa, de trascender los límites de cualquier sistema matemático formal. Gödel descubrió que existen afirmaciones verdaderas imposibles de probar dentro del sistema.
Aplicado al tema, con razonamiento deductivo de la lógica (fuera del sistema de justicia desgastado por la corrupción) podemos inferir que con el salario de Estado no se logra amasar fortuna de millones y propiedades sinfín. Aun Gödel diría que los números no dan. Tampoco la lógica respalda tal enriquecimiento.
Veamos: 1. Ningún político honesto produce millones de dólares siendo servidor público. 2. Fulano es político y millonario sin recibir herencia familiar. 3. Fulano el político es ladrón. 1 y 2 son premisas; 3 es la conclusión. Si 1 y 2 son verdaderas, la 3 debe serlo. Es improbable que 3 sea falsa si 1 y 2 son verdaderas, pues si 1 y 2 fuesen verdaderas y la 3 falsa, sería una contradicción. He ahí el quid de una deducción lógicamente válida.
Si las premisas son veraces, la conclusión también. Por consiguiente, las autoridades anticorrupción deben ponerse las pilas para investigar cómo obtuvieron los políticos –sin importar bandera o sábana política– el patrimonio que ostentan. Si esas adquisiciones carecen de razonable explicación y los políticos no nacieron en cuna de oro ni heredaron fortunas familiares ni su empleo justifica millones y propiedades, es indicativo de que se enriquecieron con el dinero del Estado o de alguien. En vez de agravar más al pueblo panameño, es tiempo de investigar cuentas, acciones y posesiones de quienes son millonarios desde que ocuparon puestos públicos.
Harta que los políticos antes limpios y hoy millonarios nos vean la cara de idiotas, alegando ganancias millonarias con “trabajo honrado”. ¿Será que asaltar al país se llama así? Provoca náusea que el sospechoso de triquiñuelas y saqueos al erario afirme ante las autoridades y los medios… “no hay pruebas que me incriminen”. Conociendo la astucia de muchos políticos y abogados para trampear y lo prestos que son otros para encubrir, desapareciendo pruebas, no me extrañaría que fuese cierto que no hay pruebas físicas que le inculpen.
No obstante, la inexistencia de ese tipo de pruebas no presupone ausencia de hecho punible ni falta de indicios morales y éticos que acusen. No pocas veces es imposible demostrar el dolo porque la justicia cojea o es miope, se cometen errores técnicos que contaminan las pruebas o se saltan normas del debido proceso. Por tal razón propongo –si fuese posible– considerar los hechos desde fuera del sistema. ¿Cómo aplicar, entonces, sanción ante el enriquecimiento injustificado? Simple. Sustentados en certezas imparciales y objetivas cimentadas en ética política, la razón y la lógica matemática de que las cuentas no dan. Si un político no puede justificar “su” riqueza, es timo. No sugiero pasar por encima de las leyes, sino recuperar fondos públicos y colocar al ladrón y sus cómplices donde deben estar: la cárcel.
Ética política es menester a fin de que haya gobernantes probos, transparentes, sin temor a rendir cuentas, enemigos de la corrupción y diligentes en el desempeño de la gestión pública. Douglas North sostiene que “las instituciones son creaciones humanas, evolucionan y son alteradas por humanos. Por tanto, se deberá empezar por el humano”. No por el sistema. Más si el sistema se presta para la trampa legal. Esto es, la vestida con aparente legalidad.
Riquezas y propiedades en demasía son inasequibles con salario y puesto públicos. ¿Qué más pruebas requerimos para intuir que alguien se ha enriquecido injustificada e ilógicamente que los millones que no pudo ganar con sueldo gubernamental? ¡Los millones y bienes que detenta le acusan! En ninguna parte del planeta cuadra que una persona que no ha nacido en palacio ni ha recibido herencia familiar sea accionista en decenas de empresas, tenga lujosas propiedades y millones de dólares. Más claro no canta el gallo.
Metió las manos en la plata del pueblo. Creo en la presunción de inocencia pues la buena fe se presume y la culpabilidad se demuestra. No comulgo con los que aseveran “piensa mal y acertarás” porque una sola excepción echa por tierra tal afirmación.
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero la presunción de inocencia debe proteger al inocente y al no culpable de suspicacias infundadas, detenciones arbitrarias y evidencias insuficientes, no para que inescrupulosos se mofen de la justicia. “Se puede meter la pata pero no la mano”, se expresaba. Temo que políticos de este gobierno han metido las “patas” y también las manos; y políticos de gobiernos anteriores “entraron limpios y salieron millonarios”, pero… “aquí no ha pasado nada”.
Ya está bueno que salteadores y mercaderes de los tesoros de la patria vivan millonarios y famosos y burlándose de nuestra justicia selectiva. Toca meterles presos y recobrar los millones que han sustraído de la nación. La delincuencia común debe aprender, viendo a los políticos deshonestos en prisión y limpios, que el crimen no paga.
Es tiempo de pasar de la palabrería a la acción sin importar quien caiga. Es hora de que la justicia no sea selectiva, mientras el pobre pasa las de Caín por la carestía de la vida y recibiendo meras algarrobas del crecimiento económico del país.
Las cuentas no dan. J. Enrique Cáceres-Arrieta
