Una captura en mitad de la diligencia
El proceso que durante un año rozó al oficialismo lo alcanzó de lleno esta semana. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el 18 de junio de 2026 la detención de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú mientras rendía indagatoria por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión la adoptó la magistrada ponente Cristina Lombana, que ya había ordenado conducir a la congresista por la Policía después de que su defensa pidiera dos aplazamientos de la diligencia.
La medida se fijó como reclusión temporal en su residencia, con vigilancia policial, para garantizar que Peralta compareciera a la continuación de la indagatoria del viernes 19 de junio. Ese día, la magistrada Lombana dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad y negó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa, que consideraba improcedente la detención. El Espectador precisó que la reclusión se cumpliría en la casa de la investigada tras una petición del Ministerio Público sobre el lugar.Qué investiga la Corte
El expediente parte de un testimonio negociado, y conviene decirlo con todas las palabras: lo que hoy pesa sobre Peralta proviene, en lo esencial, de la declaración de un antiguo aliado del Gobierno al que ella respaldó desde el Congreso. Según Semana, la investigación se fundamenta en el principio de oportunidad que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, negoció con la justicia, en el que mencionó a los hermanos Issa Francisco y Jorge Rizcala como personas que la senadora habría recomendado para quedarse con un contrato de maquinaria amarilla en La Guajira. López relató a la Fiscalía que en septiembre de 2023 sostuvo una reunión en la sede de la UNGRD con Peralta y los Rizcala, en la que ella le habría pedido tramitar un negocio para el mantenimiento de jagüeyes, los pozos que recogen agua en el departamento.
El Colombiano informó que la Sala asumió el expediente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y que un registro de ingresos ubicaría a la senadora en la sede de la entidad el 19 de septiembre de 2023 junto a los contratistas. Según ese mismo reporte, Inversiones IRL, una firma de Barranquilla, obtuvo un mes después un contrato de alquiler de maquinaria destinado al mantenimiento de jagüeyes.El caso individual se inserta en uno mucho mayor. En la imputación contra los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla —hoy señalados por la Fiscalía como presuntos “cerebros” del entramado—, el ente acusador describió una “organización delincuencial” con división de tareas en la que se entregaban contratos a congresistas para ampliar las mayorías que necesitaban las reformas del Gobierno. La fiscal del caso mencionó a Peralta como una de las presuntas “articuladoras” del esquema para asegurar respaldos legislativos, y le atribuyó haber liderado la estrategia para alinear votos en la Comisión Séptima del Senado a favor de la reforma pensional. Peralta presidió esa comisión entre 2023 y 2024; la reforma que tramitó sigue en revisión en la Corte Constitucional por presuntos vicios de procedimiento.
Lo que responde la senadora
Frente a esa versión hay otra, y el periodismo de datos exige sostener las dos hasta que un juez decida. Peralta ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad y califica el proceso como una “persecución política” derivada de su defensa de las comunidades indígenas y de las reformas del Gobierno. A su llegada a la Corte afirmó: “Yo siempre he dado la cara, siempre he actuado con transparencia, y he venido a aclarar cualquier duda que tenga la Corte”. Sostuvo además que seguiría colaborando con la justicia para demostrar su inocencia y consideró “excesiva” la medida de aseguramiento.
Conviene recordar el estatuto procesal. Medios como Radio Guatapurí subrayaron que la senadora mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso avanza en la etapa de recolección de información, y que la indagatoria es el momento en el que queda formalmente vinculada a la investigación. Que exista una medida de aseguramiento no equivale a una condena: es una decisión cautelar, y la propia defensa anunció que la controvertiría.
Por qué importa más allá de un nombre
La captura no ocurre en el vacío. El escándalo de la UNGRD ya tiene a otros dirigentes del Congreso privados de la libertad: el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara Andrés Calle figuran entre los capturados, y la Corte ratificó en marzo el llamado a juicio contra la antigua mesa directiva. El Colombiano cifró en más de 571.000 millones de pesos cuatro proyectos en el Invías y en más de 40.000 millones cinco proyectos en la UNGRD que, según la Fiscalía, habrían formado parte de un esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos y quórum. Son cifras del ente acusador, todavía sujetas a contradicción en juicio.
El dato político es difícil de ignorar por su coincidencia en el calendario. Peralta respalda la candidatura presidencial de Iván Cepeda y fue reelegida para el periodo 2026-2030 por el Movimiento Alternativo Indígena y Social dentro del Pacto Histórico, con algo más de 61.000 votos en la circunscripción indígena. Su detención se produjo en plena recta final de la campaña presidencial, un detalle que su defensa usa como prueba de la “persecución” y que la acusación atribuye al curso ordinario del expediente.
Lo que viene
Cerrada la indagatoria, el siguiente tramo definirá si el caso avanza hacia un llamado a juicio. Hasta entonces conviven, sin contradicción, dos afirmaciones verificables: que la Corte adoptó una medida privativa de la libertad sustentada en el testimonio de un colaborador y en registros documentales, y que esa decisión todavía no es una condena ni cierra el derecho de la senadora a controvertirla. El desenlace dirá si el saqueo de la UNGRD, que empezó por carrotanques y maquinaria, termina por redibujar las responsabilidades dentro del propio bloque que impulsó las reformas.