Plataformas, fondos y fundadores del sector de las criptomonedas alcanzados por una acción legal o regulatoria con desenlace identificable: condenas penales a ejecutivos, multas y acuerdos con reguladores, quiebras fraudulentas y prohibiciones de operar. El foco está en el desenlace real —años de cárcel efectivos, importe de la multa, estado del acuerdo— frente al tamaño del escándalo o de la promesa de revolución financiera. El rastreo cubre tanto a los grandes fundadores condenados (FTX, Celsius, Terra, Binance) como las sanciones de reguladores como la SEC, la CFTC o autoridades europeas y asiáticas. No se juzga la tecnología en sí: se documenta el hecho legal con su fuente y se distingue la condena firme y cumplida del anuncio o la imputación.
Lecturas estadísticas derivadas de los atributos de cada caso registrado. Todas las cifras proceden de los eventos documentados; los importes se calculan solo sobre los casos con cantidad expresada en la moneda indicada, sin convertir entre divisas.
Coropleta por número de casos forense o judicialmente documentados. Los países sin casos públicos verificables permanecen en el color base — la ausencia de eventos no equivale a ausencia de vigilancia. Pasa el ratón o haz clic en un país coloreado para ver los casos.
El sector que prometía un sistema financiero sin intermediarios ni autoridades terminó en los tribunales: los fundadores de FTX, Celsius y Terra suman décadas de cárcel, mientras las multas a las plataformas baten récords —solo el acuerdo de Terraform con la SEC ascendió a 4.500 millones de dólares—.
La criptomoneda nació con una promesa política: un dinero sin bancos centrales, sin intermediarios y, sobre todo, sin autoridades que pudieran intervenir. Una década y media después, este rastreo documenta el reencuentro del sector con el Estado, y no es amable. Reúne los casos en que una plataforma, un fondo o un fundador de criptoactivos terminó alcanzado por una acción legal con desenlace identificable: condena penal, multa regulatoria, acuerdo o quiebra fraudulenta.
El relato dominante es el de 2022-2024: el colapso en cadena que se llevó por delante a las mayores plataformas del sector. Terra/Luna se evaporó primero, borrando unos 40.000 millones de dólares y arrastrando a Celsius y a otras. Luego cayó FTX, el segundo mayor exchange del mundo, en lo que resultó ser un fraude descarado sobre los fondos de los clientes. La resaca judicial llegó después, y es lo que aquí se mide.
Sam Bankman-Fried (FTX) cumple 25 años; Alex Mashinsky (Celsius), 12; Do Kwon (Terra) se declaró culpable en 2025. Sumadas, las penas de los grandes fundadores cripto superan el medio siglo de cárcel. El sueño del dinero sin autoridades acabó con sus principales evangelistas ante un juez federal.
El rastreo revela una asimetría reveladora entre cómo se castiga a las personas y cómo a las empresas. A los fundadores que defraudaron directamente a sus clientes —Bankman-Fried, Mashinsky, Kwon— se les aplicó la vara penal, con condenas de una a dos décadas. A las plataformas que sobrevivieron pero incumplieron las reglas se les aplicó la vara monetaria: acuerdos y multas que pueden ser enormes en cifra absoluta pero que, para una empresa de ese tamaño, son un coste de operación.
El caso de Binance lo ilustra a la perfección. La empresa pagó 4.300 millones de dólares al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE.UU. —uno de los mayores acuerdos corporativos de la historia— por fallos en su programa antiblanqueo. Su fundador, Changpeng Zhao, cumplió solo cuatro meses de cárcel. La distancia entre esa multa multimillonaria y esos cuatro meses resume cómo el sistema trata de forma muy distinta el fraude directo al cliente y el incumplimiento regulatorio de una plataforma que sigue en pie.
En Estados Unidos, la SEC fue el azote del sector: 2024 se convirtió en el año más sancionado de su historia, con más de 4.600 millones de dólares en multas, impulsado por el acuerdo récord de 4.500 millones con Terraform Labs. Pero el sector también combatió y ganó terreno: en el caso Ripple, un tribunal redujo la multa de los casi 2.000 millones que pedía la SEC a 125 millones, tras concluir que el token XRP no era un valor en todos los supuestos. La regulación cripto no es una marcha triunfal del Estado; es un campo en disputa, como muestran las causas aún abiertas contra Coinbase, Kraken y otros.
Fuera de Estados Unidos, el patrón es distinto y más administrativo. Los reguladores europeos —el Banco Central de Irlanda con 21,5 millones a Coinbase Europe por fallos antiblanqueo, el banco central neerlandés con multas a Binance y Crypto.com por operar sin registro, la fiscalía francesa investigando a Binance— actúan sobre todo por la vía del cumplimiento: licencias, registro y prevención del blanqueo. No buscan tanto al defraudador como a la plataforma que opera sin permiso.
Terraform Labs acordó en 2024 pagar más de 4.470 millones de dólares para resolver la demanda de la SEC, que la acusaba de defraudar a los inversores en cripto durante la implosión de Terra/Luna de 2022. Fue la mayor acción de cumplimiento de la SEC contra una empresa cripto hasta la fecha, y convirtió a 2024 en el año más sancionado del sector, con más de 4.680 millones en multas solo ese año.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en marzo de 2024 a 25 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York, tras ser declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración por usar ilegalmente miles de millones de dólares de los depositantes de FTX. El juez ordenó además el decomiso de más de 11.000 millones de dólares. FTX, que llegó a ser uno de los mayores exchanges del mundo y se anunció en la Super Bowl, colapsó en noviembre de 2022. La fiscalía había pedido hasta 50 años; la defensa, seis y medio.
Un tribunal federal determinó en agosto de 2024 que Ripple Labs debía pagar 125 millones de dólares por violar la ley de valores en la venta de su token XRP a clientes institucionales. La cifra quedó muy por debajo de los casi 2.000 millones que la SEC había solicitado. El caso es relevante porque un fallo anterior había concluido que XRP no era un valor en todos los supuestos, un matiz que el sector cripto consideró una victoria parcial frente al regulador.
El Departamento de Justicia anunció una acusación contra el dirigente del conglomerado camboyano Prince Group, Chen Zhi, por lavado de dinero y fraude vinculados a un ecosistema de estafas en línea de tipo 'pig butchering'. Mediante análisis de blockchain, los investigadores federales identificaron e incautaron bitcoin por más de 15.000 millones de dólares, la mayor acción de decomiso de activos jamás realizada por las autoridades de EE.UU. El mismo día, la red FinCEN del Tesoro adoptó una acción paralela contra la infraestructura financiera que sostiene ese ecosistema.
El 2 de junio de 2026 la OFAC del Tesoro de EE. UU. designó en su lista SDN a Nobitex —el mayor exchange de criptomonedas de Irán, con unos 11 millones de usuarios y más del 50 % de las entradas de activos digitales del país en 2025— junto con otros tres exchanges iraníes (Wallex, Bitpin y Ramzinex), en la mayor acción del Tesoro hasta la fecha contra la economía de activos digitales de Irán, enmarcada en la campaña 'Economic Fury' de máxima presión. La medida, adoptada bajo las órdenes ejecutivas 13224 (antiterrorismo) y 13902 (sector financiero iraní), es la primera vez que la OFAC inscribe directamente en la lista SDN a un exchange constituido en Irán, y conlleva sanciones secundarias: cualquier institución financiera extranjera que siga operando con esas plataformas se expone a quedar excluida del sistema en dólares. Según el Tesoro, Nobitex facilitó transacciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria (IRGC) —incluidas operaciones de actores de ransomware—, ayudó al Banco Central de Irán a obtener cientos de millones en stablecoins para sostener el rial y permitió a allegados del régimen sacar fondos del país durante los apagones de internet posteriores a las operaciones militares estadounidenses. Se designó también a cuatro dirigentes, entre ellos el presidente y cofundador Amir Hossein Rad y dos cofundadores de la familia Kharrazi, próxima al círculo de Jamenei. Firmas de análisis de cadena calculan que los cuatro exchanges movieron al menos 40.000 millones de dólares, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cifró en torno a 1.000 millones la cripto iraní incautada en la campaña. Nobitex había declarado a Reuters ser 'un negocio privado e independiente' sin vínculos con el banco central, la IRGC ni el Estado, algo que el Tesoro contradice; la Asociación Fintech de Irán sostuvo que las sanciones perjudican sobre todo a los iraníes de a pie.
El fundador y consejero delegado de la plataforma de préstamos cripto Celsius Network, Alex Mashinsky, fue condenado en mayo de 2025 a 12 años de prisión, tras declararse culpable de fraude. La SEC y la CFTC habían acusado a Celsius y a Mashinsky de orquestar un esquema fraudulento multimillonario antes de la quiebra de la plataforma en 2022, que dejó atrapados los fondos de cientos de miles de usuarios.
El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, acusó a Horst Jicha, ciudadano alemán, de fraude de valores y conspiraciones para cometer fraude electrónico y lavado de dinero por el esquema cripto USI-Tech, que prometía retornos garantizados de minería y trading de bitcoin mediante marketing multinivel. Según la acusación, Jicha se fugó con más de 150 millones de dólares de inversores y, en 2026, figura como prófugo del FBI tras presuntamente violar las condiciones de su libertad previa al juicio. El caso ilustra el giro de la persecución federal hacia los promotores fugitivos del fraude de activos digitales.
El 12 de marzo de 2026 la OFAC del Tesoro de EE. UU. sancionó a seis personas y dos empresas por su papel en los esquemas de trabajadores informáticos (IT) orquestados por el gobierno de Corea del Norte (RPDC), que defraudan sistemáticamente a empresas estadounidenses y generan ingresos para el programa de armas de destrucción masiva y misiles balísticos del régimen —cerca de 800 millones de dólares solo en 2024—. Los operativos consiguen empleos en compañías legítimas, incluidas estadounidenses, usando documentos falsos, identidades robadas y personas fabricadas; el régimen se queda con la mayor parte de los salarios y, en algunos casos, los trabajadores introducen malware para extorsionar a las empresas. La medida, adoptada bajo las órdenes ejecutivas 13810 (Corea del Norte) y 13382 (proliferación de armas de destrucción masiva), alcanzó a facilitadores en la RPDC, Vietnam, Laos y España, e incluyó 21 direcciones de criptomonedas en las redes Ethereum, Tron y Bitcoin —un despliegue multicadena para ocultar el rastro—. Entre los designados figuran la empresa norcoreana Amnokgang Technology Development Company (que gestiona delegaciones de trabajadores IT y procura tecnología militar) y la vietnamita Quangvietdnbg, cuyo consejero delegado, Nguyen Quang Viet, convirtió unos 2,5 millones de dólares en criptomonedas para norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025. La OFAC también amplió con once nuevas direcciones la ficha del ya sancionado Sim Hyon Sop, representante del banco norcoreano KKBC. Según Chainalysis, Corea del Norte robó más de 2.000 millones de dólares en cripto en 2025, su año récord.
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, responsable del colapso en 2022 del stablecoin TerraUSD y del token Luna —que borró unos 40.000 millones de dólares de valor y precipitó un invierno cripto—, se declaró culpable y afrontó sentencia en diciembre de 2025 ante un tribunal de Nueva York, tras ser extraditado. Como parte del acuerdo, debía entregar 19,3 millones de dólares y parte de sus propiedades. Su defensa pidió limitar la pena a cinco años alegando que actuó por 'soberbia y desesperación', no por codicia.
El fundador de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Changpeng Zhao, fue condenado en abril de 2024 a cuatro meses de prisión por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. La empresa había acordado en noviembre de 2023 pagar 4.300 millones de dólares al Departamento de Justicia y al Tesoro de EE.UU. para resolver las acusaciones, uno de los mayores acuerdos corporativos de la historia. El contraste entre la breve pena de cárcel del fundador y la enorme multa de la empresa es notable.
El 24 de abril de 2026 la OFAC del Tesoro de EE. UU. actualizó la designación del Banco Central de Irán (Bank Markazi), sancionado originalmente en 2019 por canalizar miles de millones hacia la Guardia Revolucionaria (IRGC) y Hezbolá, añadiendo a su lista SDN dos billeteras de criptomonedas en la red Tron vinculadas a la fuerza Quds del IRGC y a Hezbolá. En coordinación con la OFAC y las autoridades estadounidenses, la emisora del stablecoin Tether congeló alrededor de 344,2 millones de dólares en USDT en esas dos direcciones —la mayor congelación on-chain de reservas soberanas iraníes registrada hasta la fecha, según firmas de análisis de cadena—. Las billeteras habían acumulado unos 370 millones de dólares en cerca de 1.000 transacciones desde marzo de 2021, con un patrón de acumulación y apenas salidas propio de reservas soberanas más que de cuentas operativas. La acción se enmarca en la campaña 'Economic Fury' contra Irán y se acompañó de designaciones a refinerías chinas 'teapot' (como Hengli Petrochemical) y a una flota fantasma de cerca de 40 navieras. El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que el USDT 'no es un refugio para la actividad ilícita'. Posteriormente, en mayo de 2026, familias de víctimas del atentado de Hamás en Jerusalén de 1997 —con sentencias impagadas contra Irán— pidieron a un juez de Nueva York que obligara a Tether a transferirles esos 344 millones, lo que abrió un litigio sobre el destino de los fondos congelados.
El Banco Central de Países Bajos multó a la plataforma Crypto.com con 2,85 millones de euros, en una sanción impuesta en octubre de 2023 y publicada en marzo de 2024, por ofrecer servicios de activos virtuales en el país sin el registro exigido por las leyes antiblanqueo. El regulador señaló que la empresa había gozado de una ventaja competitiva al no asumir los costes de supervisión.
El Banco Central de Países Bajos (DNB) multó a Binance, el mayor exchange del mundo, con 3,3 millones de euros en abril de 2022 por ofrecer servicios cripto en el país sin el registro obligatorio bajo las leyes antiblanqueo. La multa, de las más severas de su categoría, se rebajó un 5% por la relativa transparencia de la empresa. Binance acabó abandonando el mercado neerlandés en 2023 tras no lograr registrarse.
El Banco Central de Irlanda multó en noviembre de 2025 a Coinbase Europe con 21,46 millones de euros por incumplimientos graves de las obligaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los fallos en la configuración del sistema de monitorización dejaron sin vigilar adecuadamente más de 30 millones de transacciones, por valor de más de 176.000 millones de euros, durante doce meses. Fue la primera gran acción pública del regulador irlandés contra un proveedor de servicios cripto.
La fiscalía financiera francesa abrió una investigación sobre la filial de Binance en Francia por presunta operación ilegal como proveedor de activos digitales y 'blanqueo agravado', según reveló Le Monde en junio de 2023. El caso, derivado a la agencia SEJF, llevaba más de un año en curso. Binance afirmó cumplir todas las leyes francesas. Ilustra la presión regulatoria europea sobre el mayor exchange del mundo más allá de las multas firmes.
La Unión Europea prohibió el stablecoin respaldado en rublos A7A5, designado por primera vez en su 19º paquete de sanciones (noviembre de 2025) y reforzado en el 20º paquete, efectivo el 24 de mayo de 2026, junto con el RUBx y el rublo digital. Según firmas de análisis de cadena, A7A5 procesó más de 119.700 millones de dólares acumulados desde su lanzamiento y llegó a ser el mayor stablecoin no denominado en dólares del mundo, funcionando como puente para que empresas rusas sancionadas accedieran al sistema financiero global a través de los exchanges Grinex y Meer en Kirguistán. Tras las sanciones de EE.UU., Reino Unido y la UE, su volumen diario cayó de un pico de 1.500 millones a unos 500 millones de dólares.
Se registran actores del sector cripto (plataformas, fondos, fundadores o ejecutivos) con una acción penal o regulatoria que tenga desenlace o estado procesal identificable y fuente verificable. Se documenta el tipo de acción (condena penal, multa regulatoria, acuerdo, quiebra, prohibición), el importe en su moneda original, el estado (firme, recurrida, en proceso, acuerdo) y la forma de cumplimiento cuando aplica. No se convierten importes entre divisas. No se valora la legitimidad de la tecnología ni del modelo de negocio; se documenta el hecho legal. El campo decisivo es el desenlace: la diferencia entre una condena cumplida, un acuerdo monetario y una causa abierta.