Rastreo de las leyes de inteligencia artificial estado por estado en Estados Unidos y de la tensión entre la regulación estatal y la federal. Ante la ausencia de una ley federal integral, los estados han creado un mosaico de normas —Colorado, California, Texas, Utah, Illinois— que las empresas deben mapear jurisdicción por jurisdicción. Pero ese mosaico está bajo presión: en diciembre de 2025 una orden ejecutiva federal buscó preemptar las leyes estatales 'excesivas', y en abril de 2026 un tribunal federal pausó la ley de Colorado semanas antes de su entrada en vigor. El rastreo mide la brecha entre la ley estatal aprobada y la ley realmente aplicable. Cada registro documenta una norma o un hito con su estado y su fuente.
Lecturas estadísticas derivadas de los atributos de cada caso registrado. Todas las cifras proceden de los eventos documentados; los importes se calculan solo sobre los casos con cantidad expresada en la moneda indicada, sin convertir entre divisas.
Estados Unidos no tiene una ley federal de inteligencia artificial, así que cincuenta estados legislan por su cuenta y crean un mosaico que las empresas deben mapear una a una. Pero ese mosaico está bajo fuego: una orden ejecutiva federal busca preemptarlo y un tribunal acaba de congelar la ley más completa, la de Colorado. Este rastreo mide la brecha entre legislar y poder aplicar.
Mientras la Unión Europea aplica una única Ley de IA a sus veintisiete miembros, Estados Unidos hace lo contrario: no tiene ley federal integral, y en su ausencia cada estado regula a su manera. El resultado es un mosaico —un patchwork, en la jerga del sector— de leyes con enfoques y fechas distintas que cualquier empresa que opere en varios estados debe mapear jurisdicción por jurisdicción. Este rastreo ordena ese mosaico y, sobre todo, mide algo que el recuento de leyes oculta: cuáles están realmente en vigor y cuáles no.
Porque en 2026 la distinción es crítica. California (transparencia en IA de frontera), Texas (gobernanza responsable) e Illinois (discriminación en el empleo) tienen leyes en vigor desde el 1 de enero. Pero la más ambiciosa de todas —el Colorado AI Act, la primera ley estatal integral sobre IA de alto riesgo— vive una historia accidentada: su entrada en vigor se retrasó de febrero a junio, y en abril un tribunal federal la congeló semanas antes de la nueva fecha. Aprobar una ley y poder aplicarla son, también aquí, dos cosas distintas.
De las ocho normas e hitos rastreados, cinco están en vigor, pero dos —incluida la ley estrella de Colorado— están pausadas judicialmente. La diferencia entre 'el estado X regula la IA' y 'esa ley se puede aplicar hoy' es exactamente la información que un equipo de compliance multiestado necesita, y que el titular esconde.
Lo que hace el caso estadounidense particularmente inestable en 2026 no es solo la fragmentación, sino una tensión nueva entre dos niveles de gobierno que tiran en direcciones opuestas. En diciembre de 2025, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que propone un marco federal uniforme y busca preemptar las leyes estatales consideradas 'excesivas' —citando por nombre, como ejemplo, precisamente la de Colorado—. Pocos meses después, un tribunal federal congeló esa misma ley. La dirección del viento es clara: presión federal desreguladora frente a legislación estatal ambiciosa.
Para una empresa, esto crea la peor combinación posible: obligaciones que existen sobre el papel pero cuya aplicabilidad real depende de litigios y de un pulso político entre Washington y las capitales estatales. El rastreo no toma partido en ese pulso; documenta sus hitos con su estado y su fuente, para que quien deba cumplir sepa, en cada momento, qué norma está viva, cuál está congelada y cuál pende de un hilo judicial. Esa trazabilidad es el activo.
La ley de Utah exige la divulgación cuando un consumidor interactúa con un sistema de IA, aplicable en todas las industrias. Es un modelo de transparencia ligero y temprano, anterior a las leyes integrales de 2026.
La Responsible Artificial Intelligence Governance Act de Texas entró en vigor el 1 de enero de 2026. Es una de las leyes estatales de IA más prominentes, con un enfoque en el uso responsable y la prohibición de ciertos usos, en un estado de tradición regulatoria ligera.
El 11 de diciembre de 2025, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva 'Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence', que propone un marco federal uniforme que preempte las leyes estatales consideradas inconsistentes. Cita por nombre el Colorado AI Act como ejemplo de 'regulación estatal excesiva'. Marca el inicio de la tensión federal-estatal.
Estados Unidos no tiene una ley federal integral de IA. La gobernanza federal se apoya en la aplicación de leyes existentes por las agencias (FTC bajo la Sección 5), órdenes ejecutivas y estándares voluntarios como el NIST AI RMF. El Congreso sigue debatiendo legislación más amplia. Esa ausencia es lo que ha empujado a los estados a legislar.
En los primeros meses de 2026, Connecticut, Washington, Oregón, Idaho, Nebraska, Maryland, Vermont, Georgia e Illinois promovieron o aprobaron leyes significativas de IA, según recopilaciones del sector, que cifran en cerca de 2.000 los proyectos de ley relacionados con IA introducidos en los 50 estados. El entorno fragmentado —definiciones divergentes de 'sistema de alto riesgo', requisitos de divulgación distintos y mecanismos de aplicación inconsistentes— complica el cumplimiento multiestatal. Varias demandas, incluida una acción colectiva certificada contra el filtro de currículos de IA de Workday, establecieron que tanto los proveedores como los empleadores pueden enfrentar responsabilidad por resultados discriminatorios de la IA.
La ley de Illinois (Public Act 103-0804) modifica la Ley de Derechos Humanos del estado para prohibir que los empleadores usen IA que discrimine a clases protegidas. Es parte de la ola de leyes estatales centradas en el empleo y la contratación algorítmica.
El gobernador Jared Polis firmó la SB 189, 'Tecnología de toma de decisiones automatizada', el 14 de mayo de 2026, derogando y reemplazando la Colorado AI Act (SB 24-205) apenas semanas antes de su fecha de vigencia del 30 de junio de 2026. La nueva ley adopta un régimen más ligero que elimina ciertas obligaciones para desarrolladores y desplegadores de sistemas de IA; como resultado, la Colorado AI Act de 2024 no entrará en vigor. La nueva norma rige desde el 1 de enero de 2027 y mantiene amplia aplicabilidad en decisiones consecuentes, aunque con obligaciones de cumplimiento más simplificadas.
El 27 de abril de 2026, un tribunal federal pausó la aplicación del Colorado AI Act semanas antes de su fecha prevista de entrada en vigor (30 de junio de 2026), impidiendo que el estado inicie acciones de enforcement mientras dura el litigio. No es una derogación ni un retraso permanente, sino una congelación que deja a las empresas en incertidumbre jurídica.
La primera ley estatal integral de EE.UU. dirigida a sistemas de IA de 'alto riesgo': obliga a desarrolladores y desplegadores a usar cuidado razonable para evitar la discriminación algorítmica, hacer evaluaciones de impacto y dar avisos a consumidores. Multas de hasta 20.000 dólares por infracción, sin derecho privado de acción. Su entrada en vigor se retrasó de feb a jun de 2026, y el 27 de abril de 2026 un tribunal federal pausó su aplicación. Es la única ley estatal citada por nombre en la orden ejecutiva federal de diciembre de 2025.
La Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act de California entró en vigor el 1 de enero de 2026, junto con varias leyes de transparencia y empleo. California ha liderado la regulación de IA con un enfoque de divulgación, complementado por la AI Transparency Act (SB 942) sobre etiquetado de contenido generado por IA.
Cada registro documenta una ley estatal de IA o un hito de la tensión federal-estatal, con su estado de aplicación (en vigor, aprobada no en vigor, pausada judicialmente, retrasada, en revisión) y su fuente. El campo decisivo es el estado: una ley aprobada no es una ley aplicable, y este rastreo separa ambas cosas. Los importes de sanción son los máximos legales de cada norma. No se predicen desenlaces legislativos ni judiciales. La cobertura prioriza las leyes integrales y los hitos de preempción federal por su impacto en el compliance multiestado.