El mes decisivo
Una ley se mide de verdad cuando se traduce en reglamentos, y ese momento llegó. La GENIUS Act, promulgada el 18 de julio de 2025, estableció el primer marco federal integral de Estados Unidos para las stablecoins de pago, e instruyó a varias agencias a emitir las regulaciones que la hagan operativa. Según el seguimiento del bufete Chapman and Cutler, la mayoría de esas reglas deben publicarse en el plazo de un año desde la promulgación, y la ley entra en vigor 120 días después de las reglas finales o, a más tardar, el 18 de enero de 2027. Con los principales plazos de comentarios cerrados el 9 de junio de 2026, las agencias quedaron frente a un tramo final de pocas semanas para reconciliar sus marcos antes del 18 de julio.
Qué crea la ley
El diseño es restrictivo por construcción. La ley prohíbe que cualquiera que no sea un emisor autorizado de stablecoins de pago (PPSI) emita una de estas monedas en Estados Unidos, y abre tres vías: filiales de bancos asegurados, emisores con licencia federal de la OCC y emisores cualificados a nivel estatal. La propuesta de la OCC limita las reservas a activos líquidos de corta duración —letras y bonos del Tesoro con vencimiento residual de 93 días o menos, entre otros—, prohíbe el pago de intereses o rendimiento a los tenedores e impone requisitos de redención y de adecuación de capital. El propio texto aclara que una stablecoin conforme no se considera valor ni materia prima, lo que la sitúa fuera de la jurisdicción primaria de la SEC.
El giro antilavado y de sanciones
Aquí está el componente que más interesa a un rastreador de cumplimiento. El 8 de abril de 2026, la red anticrimen financiero del Tesoro (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) propusieron, de forma conjunta, tratar a los emisores autorizados como “instituciones financieras” bajo la Ley de Secreto Bancario, obligándolos a mantener programas antilavado y, por primera vez de manera explícita, un programa de cumplimiento de sanciones. Entre las preguntas que el regulador dejó abiertas figuran si extender esas obligaciones a los emisores extranjeros y si ampliar la definición de “cuenta” para incluir direcciones de billetera a efectos de órdenes legales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enmarcó la propuesta como una forma de proteger el sistema financiero sin frenar a las empresas estadounidenses del sector.
El mercado en juego
La regulación llega sobre un mercado que creció, en buena parte, fuera del perímetro bancario. El sector ronda los 230.000 millones de dólares en stablecoins en circulación, dominado por Tether (USDT) y Circle (USDC). Analistas anticipan presión sobre los emisores extranjeros tras el 18 de julio —Tether afirma estar listo para cumplir, pero ningún emisor offshore ha presentado aún una solicitud formal bajo las nuevas reglas— y una disyuntiva para los inversores entre monedas reguladas de rendimiento cero y plataformas de finanzas descentralizadas que ofrecen entre 5 y 8 por ciento fuera del sistema. La Brookings Institution advirtió, además, que el crecimiento rápido de estas monedas podría acelerar la salida de depósitos bancarios y plantea riesgos operativos para atender redenciones a toda hora.
La resonancia para la región
El asunto no es ajeno a América Latina, donde las stablecoins funcionan como una vía de acceso al dólar al margen de los controles cambiarios. En países con alta inflación, el USDT se usa para ahorrar y transferir valor, de modo que las reglas que definan qué emisor puede operar legalmente en Estados Unidos —y con qué reservas y qué obligaciones de sanciones— terminan condicionando la herramienta financiera cotidiana de millones de personas fuera de ese país.
Dos lecturas
El expediente admite, como casi todo en este terreno, dos relatos. Para la administración y la industria, la ley aporta claridad regulatoria, refuerza el liderazgo estadounidense en pagos digitales y ancla las stablecoins al dólar y a la deuda del Tesoro. Para una parte de los analistas y de la banca, el régimen deja cuestiones abiertas: el riesgo de fuga de depósitos, el arbitraje de rendimiento que empuja a los usuarios hacia plataformas no reguladas y la duda de hasta dónde alcanzarán las obligaciones antilavado a los emisores extranjeros que hoy concentran el mercado. Conviene, por último, el recordatorio básico: lo que está sobre la mesa son reglas propuestas, no definitivas, y la única certeza es el calendario, no todavía su contenido final.